Perito Moreno en alerta: los despidos en Cerro Negro reabren la discusión sobre quién se beneficia realmente con la minería

La decisión de Newmont Cerro Negro de avanzar con despidos en Perito Moreno encendió una señal de alarma en Santa Cruz. Proveedores, familias y autoridades locales advierten que la minería pierde legitimidad cuando no sostiene empleo y desarrollo en las comunidades que la reciben. CAPROMISA fue contundente: “La actividad no puede darle la espalda a su propia gente”.

La actividad minera en Santa Cruz siempre estuvo acompañada de una promesa: desarrollo local, trabajo para la gente del territorio y oportunidades productivas para las pymes cercanas a los proyectos. Esa fue la base sobre la que se construyó no solo la licencia social, sino también el sentido mismo de la minería en la región. Por eso, los despidos ocurridos en Newmont Cerro Negro durante la última semana golpearon más allá de una cifra laboral: se sintieron como una ruptura en ese acuerdo no escrito.

En Perito Moreno, la comunidad que convive hace años con la mina y que sostiene gran parte de su economía en torno a ella, el impacto fue inmediato. Comercios, empresas de servicios y familias enteras quedaron en incertidumbre. No se trata solo de números: se trata de personas, nombres propios, hijos, alquileres por pagar, proyectos de vida. Y lo que está en discusión es si la minería seguirá siendo un motor regional o si se convertirá en una actividad sin anclaje territorial, donde las comunidades solo observan cómo la riqueza se va por la ruta.

En ese contexto, CAPROMISA, la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, salió públicamente a marcar posición. Su presidente, Amadeo Gravino, fue categórico:

“La minería pierde sentido cuando le da la espalda a la comunidad”.

No fue una frase aislada. Fue un diagnóstico político y económico. Gravino afirmó que “el modelo minero actual está agotado” cuando no prioriza ni fortalece a la gente que vive en los territorios donde se extrae la riqueza. Para él, el desarrollo no puede ser un concepto vacío, sino una política que se sienta en el día a día: en los sueldos que entran en las casas, en los proveedores locales que crecen, en los comercios que siguen abiertos, en la formación de trabajadores de la región.

Desde la empresa, Newmont se limitó a explicar que se trata de una reorganización global y que el proceso se realizó dentro del marco legal. Pero la respuesta fue leída por la comunidad como insuficiente. No hubo aclaración sobre cuántas personas quedaron afectadas, ni cómo se preservará el principio 90/10 que establece que el 90% de los trabajadores deben ser santacruceños.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que fue acatada, pero la tensión permanece. La sensación compartida es que este episodio podría marcar un punto de inflexión: o Santa Cruz reafirma su modelo de minería con arraigo territorial, o pierde el control de su desarrollo en manos de decisiones corporativas tomadas lejos de la estepa patagónica.

Gravino lo expresó de manera directa:

“La licencia social no es un trámite. Es un pacto que se rompe cuando nuestra gente queda afuera”.

Y detrás de esa frase hay décadas de historia minera en Santa Cruz, donde la comunidad aceptó la minería, incluso defendiéndola ante discursos antimineros, a cambio de participación real.

Por eso, hoy la pregunta es profunda y urgente:

¿Quién se beneficia con la minería cuando las familias locales pierden su trabajo?

Si la minería no crea empleo local, ¿qué sentido tiene para Perito Moreno?
Si las pymes del territorio no crecen, ¿para quién se sostiene el esfuerzo productivo?
Si la riqueza no circula dentro de la provincia, ¿a quién vuelve la renta minera?

El debate está abierto. Y ya no se trata solo de salarios o compensaciones.
Se trata del modelo de desarrollo, de la identidad de la provincia, de cómo se imagina su futuro.

Perito Moreno, Santa Cruz y su gente no rechazan la minería.
La defienden.
Pero exigen que esa minería sea con la comunidad adentro, no mirando desde la ventana.