Ley de Glaciares en revisión: GEMERA apoya la reforma y reclama reglas claras para liberar inversiones
La discusión por la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda minera. GEMERA, la cámara que nuclea a las empresas exploradoras, respaldó el proyecto de reforma y advirtió que sin mayor certeza jurídica seguirán frenadas inversiones clave en cobre, litio y otros minerales estratégicos.
Certeza jurídica sin renunciar a la protección ambiental
El Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) manifestó su apoyo explícito al proyecto de ley que propone introducir precisiones a la Ley de Glaciares Nº 26.639. Lejos de plantear una flexibilización ambiental, la entidad sostuvo que la iniciativa apunta a ordenar criterios, reducir ambigüedades y reforzar la seguridad jurídica, manteniendo intacto el objetivo central de la norma: la preservación de los recursos hídricos estratégicos.
Desde la cámara remarcaron que la ley vigente ha dado lugar a interpretaciones amplias y poco precisas, especialmente sobre el concepto de ambiente periglacial, generando un escenario de incertidumbre normativa que afecta directamente a la actividad exploratoria. En ese marco, GEMERA planteó que una legislación más clara no debilita la protección ambiental, sino que la fortalece al definir con mayor rigor qué áreas cumplen funciones hídricas esenciales y cuáles no.
La posición del sector explorador se alinea con una demanda histórica de la minería argentina: reglas previsibles, basadas en criterios técnicos y científicos, que permitan planificar inversiones de largo plazo sin quedar sujetas a interpretaciones discrecionales.
Glaciares y ambientes periglaciales: el foco en lo que realmente importa
Uno de los ejes centrales del planteo de GEMERA es la necesidad de focalizar la protección estrictamente en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que efectivamente cumplen funciones ambientales clave, en particular como reservas de agua y proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas.
Según la entidad, la aplicación genérica y extensiva de la ley ha llevado a considerar como áreas protegidas superficies que no cumplen un rol hídrico relevante, bloqueando proyectos incluso en zonas sin hielo permanente ni funciones ecosistémicas críticas. Frente a esto, los exploradores proponen avanzar hacia evaluaciones específicas, basadas en estudios técnicos, mediciones de campo y análisis caso por caso.
Este enfoque, sostienen, permitiría mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental, fortalecer el control estatal y garantizar una gestión del agua más eficaz y transparente. En otras palabras, menos prohibiciones abstractas y más ciencia aplicada a la toma de decisiones.
Inversiones frenadas y proyectos estratégicos en pausa
GEMERA fue clara al advertir que la falta de precisión normativa es hoy uno de los principales factores que explican el freno de proyectos mineros en la cordillera. La incertidumbre jurídica no solo desalienta nuevas inversiones, sino que también retrasa programas de exploración avanzada en proyectos considerados estratégicos para el país.
Casos como Los Azules, uno de los proyectos de cobre más importantes de la Argentina, ilustran el impacto concreto de este escenario. En un contexto global marcado por la creciente demanda de cobre para la transición energética, la electrificación y las energías renovables, la Argentina corre el riesgo de quedar rezagada frente a otros países de la región que ya han logrado compatibilizar minería y protección ambiental con marcos normativos más claros.
Desde el sector explorador remarcan que una ley mejor definida permitiría destrabar inversiones, generar empleo de calidad y ampliar la base exportadora, sin resignar estándares ambientales ni control público.
Federalismo ambiental y el rol de las provincias mineras
El respaldo de GEMERA también puso énfasis en la dimensión política y federal de la discusión. El proyecto de reforma recoge aportes realizados por las provincias mineras en ámbitos institucionales clave, como la Mesa del Cobre —presidida por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego— y la Mesa del Litio, encabezada por el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil.
Para la cámara, este enfoque es fundamental para lograr una interpretación armónica de la Ley de Glaciares que respete el federalismo ambiental y el principio constitucional del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. En este punto, GEMERA destacó que el reconocimiento del rol provincial no implica una menor protección, sino una mejor articulación entre Nación y territorios.
La discusión, advierten, no puede darse de espaldas a las provincias que conviven con los proyectos, gestionan el territorio y enfrentan de primera mano los desafíos del desarrollo productivo y social.
Exploración moderna, diálogo y consensos duraderos
En el cierre de su posicionamiento, GEMERA reafirmó su compromiso con una actividad exploratoria moderna, transparente y alineada con los más altos estándares ambientales. Para el sector, la reforma de la Ley de Glaciares representa una oportunidad para ordenar el debate, dejar atrás dogmas y construir consensos duraderos.
La entidad subrayó que el diálogo federal e institucional es el único camino viable para compatibilizar la protección del agua con el desarrollo de las economías regionales. Sin reglas claras, advirtieron, no hay inversión; y sin inversión, no hay empleo, infraestructura ni desarrollo sostenible en las regiones cordilleranas.
Lo que viene con la Ley de Glaciares
La discusión legislativa que se abre no será técnica sino profundamente política. En juego no está solo una norma ambiental, sino el modelo de desarrollo minero y energético que la Argentina quiere construir en la próxima década.






